Como se ha visto a partir de las dos últimas publicaciones hechas en esta bitácora que tiene como fuente una gran preocupación por las numerosas familias que se ven afectadas con cada inundación anual registradas en el último lustro y sopesando el grave perjuicio que ello significa para el interés general en tanto afectación a la salud pública, la educación, las economías familiares y comunitarias, además del estado de depresión sentimental que causa a los damnificados en ver sus hogares invadido por las aguas, pero especialmente cuando perciben que tras meses de espera de las ayudas gubernamentales como soluciones transitorias y de las obras en las riveras de los ríos como soluciones permanentes . El nuevo invierno de 2011 ha iniciado y muchas voces pronostican su torrencialidad igual o mayor al año inmediatamente anterior, y los damnificados de ayer, hoy no hacen más que preocuparse por sus ranchos, sus niños y ancianos, sus aves, y muebles. Se apremian las soluciones y se sufre ante un riesgo que sube de nivel silenciosamente.
Ante esto proclamamos el derecho a no inundarnos.
Los Floranos tienen derecho a no inundarse y a ser socorridos en este tipo de emergencia, que aunque natural es previsible y por tanto manejable.
Los habitantes todos de la cuenca del río San Jorge tienen derecho a no inundarse; a que sean reparados sus puentes, a que se les brinden medicinas apropiadas para las enfermedades que suelen brotar del infesto lodo de las acrecidas.
El derecho a la no inundación es un derecho colectivo, que se materializa con prestaciones económicas individuales y con políticas de gasto público en infraestructura productiva agropecuaria terrestre e hidráulica.
Los pobres sufren y las elites políticas no muestran piedad en su rol de propender por el bienestar de la ciudadania. Las elecciones de octubre estarán precedidas por inundaciones y no podemos darnos el lujo de dejar pasar la misma para "ahogar" políticament a los insensibles captadores de votos.